El presidente de Colombia, Abelardo De La Espriella, anunció medidas contundentes para combatir el problema de las telecomunicaciones ilegales en los centros penitenciarios del país. A través de su cuenta en la red social X, el mandatario exclamó "¡NO MÁS SEÑAL PARA LOS DELINCUENTES DESDE LAS CÁRCELES!", haciendo referencia a uno de los problemas persistentes que afecta tanto la seguridad penitenciaria como la tranquilidad de los ciudadanos. De La Espriella ha instruido la aplicación de todas las herramientas legales y tecnológicas necesarias para impedir que los criminales continúen delinquiendo desde las prisiones, coordinando actividades ilícitas más allá de las rejas.

La iniciativa del gobierno busca fortalecer el Estado de Derecho mediante acciones específicas contra las comunicaciones no autorizadas. El mandatario explicó que cada tarjeta SIM utilizada ilegalmente desde una prisión deberá ser desactivada inmediatamente, y cualquier conexión satelital no autorizada será restringida. Estas medidas pretenden eliminar la ventaja que los delincuentes internos obtienen al aprovechar fallas de los operadores de telecomunicaciones y deficiencias institucionales que históricamente han permitido estas prácticas ilícitas.

La responsabilidad de implementar estas acciones será compartida entre diversos organismos estatales. De La Espriella señaló que los operadores de telecomunicaciones, el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC), el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario de Colombia (INPEC), el Ministerio de Justicia y la Fuerza Pública deberán trabajar coordinadamente. El presidente enfatizó que cualquier entidad u individuo que no cumpla con sus obligaciones en este ámbito será llamado a rendir cuentas ante la ley.

Este planteamiento no solo busca cortar las comunicaciones ilegales, sino que también pretende ser un catalizador para cambios estructurales dentro del sistema penal colombiano. La expectativa del nuevo gobierno se centra en la efectividad de esta implementación y su impacto en la seguridad nacional. El llamado es claro: las cárceles son para cumplir penas, no para continuar dirigiendo operaciones criminales desde el interior de los centros penitenciarios.

Fuente: NTN24 VE — Ver nota original


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